Contestación de Quiñones en el Registro de Juristas de la D.P. de Justicia de Guantánamo

UNPACU (Unión Patriótica de Cuba)

A LA ENCARGADA DEL REGISTRO DE JURISTAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JUSTICIA DE GUANTÁNAMO:

Licenciado en Derecho Roberto de Jesús Quiñones Haces, natural de la ciudad y provincia de Cienfuegos, mayor de edad, de estado civil casado, escritor y periodista independiente , vecino de la calle 7 Oeste No. 1263 entre 2 y 3 Norte, Reparto Pastorita, ciudad y provincia de Guantánamo, ante Ud. comparezco mediante este escrito y digo:

Que de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del art. 29 de la Resolución No. 101 del Ministerio de Justicia, de fecha 8 de junio del 2000, “Reglamento del Registro General de Juristas” y cumpliendo la indicación contenida en la parte dispositiva del documento firmado por Ud. y el Lic. Carlos Evelio Tito Vara, Jefe del Departamento de Atención a Bufetes, Sociedades Civiles y Asuntos Penales, de fecha 29 de enero del año en curso y notificado a este suscribiente el 31 del propio mes, acudo mediante este escrito para contestar esta nueva manifestación de acoso y hostigamiento en contra de mi persona, lo cual hago exponiendo los siguientes:

HECHOS Y RAZONAMIENTOS

PRIMERO: Los hechos contenidos en el escrito antes mencionado son totalmente ciertos y resultaron del conocimiento del Ministerio de Justicia por mi propia persona, es decir, no ha existido ninguna doblez en mi comportamiento ni ha sido a través de una tercera persona que la Dirección Provincial de Justicia o el MINJUS han conocido de estos hechos. Considero, no obstante, que debo añadir algunas explicaciones y después ustedes y los gestores de este nuevo ataque, si disfrutan haciendo el mal, pues háganlo.

SEGUNDO: Existe un error en el escrito notificado por ustedes, específicamente en el segundo párrafo del apartado Tercero, donde se afirma al inicio que desde el 2004 estoy brindando servicio de consultoría gratuito en la Casa Parroquial de Guantánamo. En realidad, si mi memoria no me falla-y así debe constar en los documentos en los que ustedes se basan para iniciarme este expediente y que fueron suministrados por mí-ese servicio comencé a prestarlo en el año 2010, así que desconozco de dónde han sacado ustedes tal afirmación a no ser que se trate de otro intento de establecer como cierto lo que es un total infundio.

Ese servicio no se hace de forma oculta sino con las puertas abiertas y comencé a prestarlo por dos razones: La primera porque la Iglesia Católica me pidió que asesorara a familiares de personas presas, de muy escasos recursos, debido a que no pocos reclusos le hacen llegar documentos, preguntas, solicitudes, problemas y asuntos de carácter jurídico. Igualmente muchos quieren hacer revisiones de sus sentencias y se quejan de que los abogados del Bufete Colectivo no atienden a sus peticiones de ayuda ni van a visitarlos. Por tal razón la Iglesia me pidió que revisara sus documentos y tratara de ayudarlos en la medida de lo posible, algo que ha sido sumamente difícil pues para hacer una revisión de causa o atender estos asuntos el abogado debe tener acceso a las actuaciones y al interesado, lo cual no me es posible. También, en algunos casos he redactado otros escritos sencillos como peticiones de madres de reclusos a la Dirección Nacional del Departamento de Prisiones para que cambien de prisión a su hijo, solicitudes de libertad condicional, peticiones de licencias extrapenales, escritos todos que no exigen una representación letrada y que siempre han sido firmados a título personal por los interesados. Este servicio, como ya dije, lo he prestado desde el 2010 de forma totalmente gratuita, todos los martes, en el horario comprendido entre las 3 pm y las 5 pm. En ocasiones han asistido varias personas, en otras una, otras no ha ido nadie.

La segunda razón fue la siguiente: En el año 2007, un año después de haber extinguido totalmente la sanción, solicité mi reingreso a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Entonces estaba vigente el Acuerdo No.734 de 1991 de dicha organización que regulaba la rehabilitación de los abogados sancionados judicialmente, el cual disponía que la rehabilitación se consideraba una vez transcurrido un año. Yo solicité mi reingreso a la O.N.B.C. el viernes 28 de diciembre del 2007 y el mencionado Acuerdo fue modificado por el Acuerdo No.1124, adoptado por la Junta Directiva Nacional el 28 de noviembre del 2008, con posterioridad a mi petición de reingreso. No obstante esto, que consta en los documentos concernientes a mi solicitud y en carta que remití con fecha cinco de marzo del 2010 a la Dra. María Esther Reus, Ministra de Justicia de la República de Cuba, la Junta Directiva de la O.N.B.C. dispuso que de conformidad con el nuevo Acuerdo tenía que esperar cinco años más para rehabilitarme, lo cual fue una grosera violación del artículo 61 de la Constitución de la República que establece que las leyes civiles-término lato que en este caso se aplica también a normas administrativas-no tienen efecto retroactivo. Esto fue advertido por este suscribiente a la Ministra de Justicia en la citada carta pero ella nada hizo para que se restableciera la legalidad quebrantada, y no sólo eso, sino que en mis posteriores peticiones de solicitud de reingreso a la O.N.B.C. la Dra. María Esther Reus y los funcionarios del Ministerio de Justicia que han atendido mis peticiones han sido cómplices de las violaciones cometidas por la Junta Directiva Nacional de la O.N.B.C., como también lo han sido de la violación del artículo 42 de la Constitución de la República que proscribe cualquier tipo de discriminación. Pues bien, en el 2008 me aplicaron el nuevo acuerdo de la JDN de la O.N.B.C. violando la Constitución de la República y me informaron que debía esperar cinco años a partir de la extinción de la sanción para volver a hacer mi solicitud de reingreso, así que cuando la Iglesia me pidió mi cooperación en la tarea de asistir a las personas mencionadas, acepté, pues era también una forma de reactivar algunos conocimientos en materia de derecho penal. Esas fueron las dos razones que propiciaron que iniciara esta tarea de asesoramiento, con independencia de que a pesar de no recibir retribución alguna por este servicio experimento un gran gozo sabiendo que estoy ayudando a personas enclaustradas en uno de los sectores más excluidos de la sociedad.

TERCERO: Estimo que ustedes-y los que están detrás de ustedes y concibieron este nuevo ataque en mi contra- han obrado de mala fe .En realidad este no es más que otro momento de la ya larga lista de violaciones y hostigamientos cometidos en contra de mi persona. Afirmo que han obrado de mala fe porque cuando yo mismo presenté esos documentos lo hice ante el MINJUS en el 2012 , para refutar la alegación hecha por la Junta Directiva Nacional de la O.N.B.C. ése año, consistente en que estaba desactualizado y en la cual se basó para negarme el acceso al Bufete, otra violación de la legalidad pues “estar actualizado o no” no es una condición para ser miembro de la O.N.B.C. si se respeta lo que establece el Decreto Ley No.81 del 8 de junio de 1984 y la Resolución No. 142 del MINJUS, de fecha 18 de diciembre de 1984, que es su Reglamento. Considero que si ustedes entonces, o después, se percataron de esta situación, podían haberme llamado y advertido de las consecuencias que esa acción de asesoramiento podría acarrearme y yo habría hablado con la Iglesia y se habría adoptado una decisión. Sin embargo ustedes no hicieron eso sino que han preferido adoptar esta posición con el marcado propósito de perjudicarme aún más, casi dos años después de haberles presentado los citados documentos y ocho años después de negarme el derecho al trabajo, uno de los derechos humanos fundamentales, por lo que concluyo que el sentido de la justicia de quienes han concebido este ataque es muy despreciable pues siendo juristas han conocido de estas violaciones de la Constitución y la legalidad de nuestro país y nada han hecho para impedirlas sino que han callado cobardemente .Con esa posición se han hecho cómplices de la Junta Directiva Nacional de la O.N.B.C. y no bastándoles con la violación de los artículos 41,42 y 45 de la Constitución ahora pretenden negarme hasta la posibilidad de volver a ejercer la carrera. ¿De qué ética están hablando ustedes? ¿Quién dentro de la Unión de Juristas o del propio Ministerio de Justicia va a tener el valor de reclamarle a la Sra. Ministra de Justicia y a la Junta Directiva Nacional de la O.N.B.C. que cumpla en este caso con la Constitución de la República? ¿Quién le va a decir que en mi caso se está violando el derecho al trabajo que es un derecho humano fundamental? ¿Quién, siquiera, le va a recordar a la Sra. Ministra que lo que está haciendo resulta un mentís rotundo a la cacareada política de reinserción social de los sancionados que pregona a cuatro vientos el gobierno cubano? ¿Quién le va a recordar que ella ha ido a Ginebra a decir ante el Consejo de Derechos Humanos que aquí esos derechos no se violan y que en mi caso sí se están violando? Ustedes no pueden hablarme de ética ni de hechos graves mientras continúen siendo cómplices de la violación de la Constitución y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

CUARTO: En cuanto a lo que se alega de que mi inscripción en el Registro de Juristas no está actualizada desconozco ese particular. No sé si también me imputarán esa deficiencia.

QUINTO: Por último, ustedes alegan que los hechos realizados por mí son graves. Sin embargo, ni en el Decreto Ley No. 206, ni en la Resolución No.101 del 8 de junio del 2000, dictada por el MINJUS existe un solo precepto que defina si lo que yo estaba haciendo resulta un hecho “grave”, aunque conozco perfectamente que esto que indico tampoco será atendido.

POR TANTO

DE LA REGISTRADORA DEL REGISTRO DE JURISTAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE JUSTICIA DE GUANTÁNAMO SOLICITO: Que tenga por evacuado el trámite de contestación a mí concedido.

Guantánamo, miércoles 5 de febrero del 2014

Lic. Roberto de Jesús Quiñones Haces

c.c.Excmo. Monseñor Bruno Musaró, Nuncio Apostólico de la Santa Sede en La Habana, Cuba.

– S.E, Monseñor Dionisio García Ibáñez, Arzobispo de Santiago de Cuba y Presidente de la

Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.

– Monseñor Wilfredo Pino Estévez, Obispo de la Diócesis Guantánamo-Baracoa

– Padre Jean González Romero, Responsable de la Pastoral Penitenciaria en la Diócesis

Guantánamo-Baracoa.

-Dr. René Gómez Manzano, Presidente de la Corriente Agramontista de Abogados Indepen-

dientes de Cuba.

– Elizardo Sánchez, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Reconcilia-

ción Nacional y, por su conducto, una copia para el Consejo de Derechos Humanos de la

Organización de Naciones Unidas.

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