¿PLEBISCITO PARA SEPARAR O PARA UNIR?

Rene-Gomez-Manzano

La mejor táctica frente a la inconstitucional consulta convocada por el Ejecutivo catalán pudiera ser un referéndum de todos los españoles

Ya fue firmado el decreto de la Generalitat catalana que convoca a un plebiscito soberanista para el 9 de noviembre. Las autoridades de Madrid acudieron al Tribunal Constitucional, para lograr la suspensión de la proyectada consulta. La señora Soraya Sáenz de Santamaría, quien encabezó el Ejecutivo español durante el reciente viaje a China del presidente Rajoy, fue terminante al afirmar que esa votación “no se va a celebrar”.
Desde el punto de vista político y económico, la victoria del “sí” en Cataluña representaría un desastre para todos los españoles, pero en primer lugar para los mismos habitantes de esa Comunidad Autónoma. Si ese territorio se constituyera en estado independiente, de manera automática quedaría excluido de Europa. Y sin posibilidades de subsanar la situación, pues cualquier decisión en ese sentido necesitaría la aprobación de todos los actuales países miembros de la UE, algo improbable, pues cabría esperar el veto hispano.
Todo lo anterior tiene lugar como una aparente reedición del referendo realizado hace un par de semanas en Escocia, para determinar si esa porción del Reino Unido seguiría formando parte o no de este último. Sin embargo, entre ambos acontecimientos existe una diferencia esencial: el plebiscito escocés se ajustó a las leyes británicas vigentes, mientras que ése no es el caso con el que se pretende realizar ahora en la Península.
En el plano jurídico, merece ser mencionado el artículo 2 de la vigente Constitución de nuestra Madre Patria, que plantea que ese texto supralegal “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. ¿Cómo es posible convocar a una consulta que pretende infringir una norma tan clara como la citada!
Pero el hecho cierto es que, como suele ser el caso con los demagogos de toda laya, los partidarios del espurio plebiscito catalán son quienes ahora se presentan ante la opinión pública como los grandes demócratas, que quieren permitir que el pueblo hable y se declaran deseosos de oír su voz y respetar su decisión. Para ellos, la absoluta ilegalidad de su pretensión carece de mayor importancia.
Hasta el momento, las acciones de las autoridades centrales de la Península se han basado —como queda dicho— en lograr que se prohíba realizar la consulta. En mi opinión como extranjero que se interesa por esos temas, ese enfoque parece limitado y poco imaginativo. Lo peor es que él deja la “iniciativa democrática” en manos de los que aspiran a socavar la legitimidad existente.
Surge entonces la pregunta: ¿Por qué no se convoca una consulta popular que sí esté ajustada a derecho y que permita oír la voz de todos los españoles, y no sólo de los que residen en la mencionada Comunidad Autónoma? Téngase presente el texto del artículo 92 de la Constitución: “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”.
La pregunta a formular sería si se está de acuerdo o no en reformar la carta magna para permitir la secesión de pedazos del Estado. Cabe esperar que, tras una votación de ese tipo —y aunque triunfara el “sí” en Cataluña (y quizás en el País Vasco)—, la presumible victoria arrolladora del “no” en toda España constituiría un rotundo espaldarazo a la unidad nacional.
Tal vez esa sería la forma más constructiva de conjurar este tiempo inminente que el habanero diario Juventud Rebelde, en su edición del domingo 28 de septiembre, calificó con razón como “días cruciales para Cataluña y España”.
René Gómez Manzano

Abogado y periodista independiente

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