Yo acuso al gobierno cubano y le pido ayuda a la comunidad internacional

UNPACU (Unión Patriótica de Cuba)

UNPACU llama la atención de las Organizaciones de Derechos Humanos para que acojan el caso y ponernos a su entera disposición para recabar cuantas pruebas y documentación sea necesaria para alzar el caso al ámbito internacional

Guantánamo, Cuba. 17/3/2014.

“Yo acuso al gobierno cubano y le pido ayuda a la comunidad internacional”. Con estas palabras Dagnellis Infante Gutiérrez, esposa de Yordenis Mendoza Cobas, activista de Derechos Humanos de la UNPACU, denuncia la situación trágica que padece su marido. Madre de mellizos de 3 meses de edad, ahora que su marido ha sido detenido y encarcelado, vive sóla con su hijo de 6 años y los dos bebés. Para quien quiera que lea esta nota de prensa y quiera ayudar de algún modo a Dagnellis, o ponerse en comunicación con ella, pueden intentar contactarla en el teléfono de Cuba +53 52 61 2110.

Escuche el relato de los hechos de Dagnellis Infante Gutiérrez:

Todo comenzó en Octubre de 2013. Yordenis defendió verbalmente a un conductor de un carro de tracción animal de los abusos de un policía motorizado, los denominados “caballitos” en Cuba. En aquel momento Yordenis sufrió golpes y abusos sin oponer resistencia salvo la verbal, y fue detenido 10 días. Tras esto fue liberado sin cargos.

El día 14 de Marzo de 2014, tras participar en una protesta pacífica contra la falta de Derechos Humanos en Cuba, fue detenido como activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

Ahora, meses más tarde de los hechos iniciales, y para retenerlo en prisión y detener los avances de la Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo, le acusan de “atentado” contra aquel policía motorizado.

Su mujer Dagnellis nos cuenta los hechos. Su caso es el número 2/2014, según le han comunicado, de la Fiscalía Provincial de Guantánamo. ¿Por qué acusado de “atentado”? Para entender esto es concluyente leer los informes de Amnistía Internacional.

Según se puede leer en los informes de Amnistía Internacional, como en el informe AMR 25/007/2012, "Cuba no tolera ninguna crítica al Estado realizada fuera de los mecanismos oficiales establecidos bajo control gubernamental. Las leyes sobre “desorden público”, “ultraje”, “desacato”, “peligrosidad” y “atentado” se utilizan para procesar a quienes se oponen al gobierno. No hay ninguna organización política o de derechos humanos a la que se haya permitido obtener el reconocimiento jurídico. Los sindicatos y las asociaciones de abogados independientes de los afiliados al Partido Comunista de Cuba no pueden operar legalmente, y sus miembros son sometidos a medidas represivas. Todo desafío a la política oficial da invariablemente como resultado una acción de represalia que incluye la violación de los derechos humanos.

Para justificar su arsenal de leyes y prácticas represivas, las autoridades cubanas siguen alegando que los opositores políticos actúan bajo el patrocinio o la influencia del gobierno estadounidense, y que sus actividades son una amenaza para la seguridad nacional, la integridad de Cuba y la revolución. Tras el endurecimiento, en la década de 1990, del embargo económico impuesto por Estados Unidos, se introdujo una legislación draconiana teóricamente dirigida a proteger la soberanía cubana. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente al gobierno estadounidense que levante su embargo, ya que perjudica enormemente el disfrute, por parte de la población cubana, de una diversidad de derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al alimento, la salud y el saneamiento. No obstante, Amnistía Internacional considera que las actividades llevadas a cabo por la disidencia cubana constituyen un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, reunión y asociación. En Cuba, estas libertades están gravemente limitadas, tanto en la ley como en la práctica. Además, independientemente de la política exterior estadounidense respecto a Cuba, las autoridades cubanas son las únicas responsables de las violaciones de los derechos civiles y políticos. Ellas son las que deben garantizar la protección de estos derechos reconocidos universalmente. El gobierno debe asimismo reconocer y permitir la expresión pacífica y legítima de la disidencia en Cuba."

 

Yordenis cuenta con testimonios escritos de todos los hechos, va a luchar con todas las consecuencias por la libertad de su marido, y quiere atraer la atención internacional sobre este trágico caso, en el que un padre de familia que se declara pacíficamente defensor de los Derechos Humanos en Cuba es ingresado en prisión arbitrariamente.

Desde esta nota de prensa, UNPACU, llama la atención de las Organizaciones de Derechos Humanos para que acojan el caso y ponernos a su entera disposición para recabar cuantas pruebas y documentación sea necesaria para alzar el caso al ámbito internacional.

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