Los ataques contra la conocida abogada cubana Amelia Rodríguez Cala son infundados

Yayabo Press

El pasado 24 de abril, circuló un despacho de Luis Felipe Rojas fechado en Miami, en el cual se hace referencia al caso de los esposos Ramón Alejandro Muñoz González y Sonia Garro Alonso. Allí se plantea que, en la defensa de ambos opositores, habrían tenido lugar determinadas “irregularidades que ahora son achacadas a la abogada saliente”.

Se trata de la doctora Amelia Rodríguez Cala, miembro de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC), adscrita a la unidad de Carlos III y Francos, Centro-Habana. Es una letrada bien conocida por haber representado a más de un centenar y medio de activistas prodemocráticos. Como anunció en su momento un popular diario miamense, esa jurista —descrita como “la abogada de los disidentes”—, recibió, en respuesta a su actuar, una sanción administrativa que está cumpliendo ahora.

En la información de Rojas se expresa que, tras recibir ese castigo que la inhabilita para el ejercicio de su profesión por un período de seis meses, el caso del matrimonio Muñoz-Garro fue returnado al letrado Manuel Alonso Díaz, de la misma unidad de Carlos III. La nota cita como fuente a la colega Dania Virgen García.

Las “irregularidades” cometidas consistirían en lo siguiente: “Rodríguez Cala habría presentado únicamente ‘dos cambios de medida’, en lugar de insistir a los tribunales, y luego de la suspensión del juicio, la abogada no efectuó la reclamación al tribunal. Por otro lado, en la revisión del Expediente de Fase Preparatoria (EFP), en el mismo no aparece el certificado de las lesiones a causa de los disparos recibidos por Sonia en la pierna, como tampoco se relacionan testigos acusadores”.

En la noticia no se especifica si esos juicios de valor adversos a la referida letrada fueron hechos por el nuevo defensor, lo cual, de ser cierto, constituiría una evidente infracción de la ética profesional. Pero por encima de cuestiones formales, resulta necesario ir al fondo del asunto y determinar qué hay de cierto en las imputaciones.

Ante todo, aclaro que, al leer la nota informativa, quedé desconcertado. Conozco la meticulosidad con que Amelia lleva sus casos. Esto lo he experimentado en carne propia, pues a menudo ese cuidado extremo la lleva a pedir opiniones de otros colegas, y me ha correspondido ser uno de los más solicitados en ese sentido. Esto me sucedió hace meses precisamente con el asunto de Muñoz y Garro.

¡Entonces cómo es posible que ahora se plantee que la abogada, en esencia, no se había ocupado del asunto? Ante todo, aclaro que, al igual que hacía yo antes de mi expulsión de la ONBC, Amelia, en sus cuadernos de bufete, evitaba tomar nota de las cuestiones reservadas que debatía con los acusados de delitos contra la seguridad del Estado. Esto era algo que ellos mismos le pedían.

Se trata de una solicitud harto razonable: Los abogados en ejercicio —sobre todo si llevan casos políticos—son objeto frecuente de supervisiones diversas. En el curso de éstas, distintos burócratas ajenos al asunto husmean en la documentación, y nadie sabe qué hacen después con toda esa información.

Hablé con Amelia para informarle de lo publicado y pedirle algún comentario. Como es su costumbre, ella no quiso extenderse en los detalles del asunto. Pero sí me aclaró dos cuestiones vitales: la documentación del caso y el limitado número de solicitudes para que ambos cónyuges acusados salieran en libertad.

Sobre la primera cuestión, me aclaró que nadie se había puesto en contacto con ella para informarle el nombre del nuevo letrado. Ni este mismo profesional, ni la dirección del bufete, ni la hermana de Sonia Garro (que pagó el convenio de servicios jurídicos) lo hicieron. Por consiguiente, la doctora no sabía a quién hacer entrega de los elementos probatorios en su poder.

Sobre las solicitudes de cambio de la medida cautelar, Amelia me explicó que durante la fase preparatoria se abstuvo de reclamar ese beneficio por instrucciones de sus mismos clientes. Ambos esposos, en huelga de hambre y en celdas de castigo, expresaron que no deseaban que se le hiciera esa petición al Fiscal. Por ello la letrada sólo interesó la modificación de la medida cuando el caso llegó al Tribunal. Al rechazar éste la solicitud, presentó de inmediato el pertinente recurso de súplica.

Por todo lo anterior, pienso que el ataque contra la doctora es injusto. Me satisface que opositores destacados la defiendan. Martha Beatriz Roque plantea algo obvio: “Si se deseaba ser justo, tenía que habérsele oído a ella”. Por su parte, Coco Fariñas concluye: “Si alguien ha puesto en alto la abogacía cubana, sin ser opositora, es Amelia Rodríguez”. Me complacen mucho esas opiniones que yo, que también fui su defendido, comparto.

La Habana, 2 de mayo de 2014
René Gómez Manzano
Abogado y periodista independiente

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